A partir de este martes 1 de abril, las tarifas de los 152 peajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) sufrirán un nuevo incremento.
Este ajuste corresponde al tercer aumento de 2025, como parte del proceso de compensación tras el congelamiento de precios en 2023.
El primer incremento del año, del 2.7 %, se realizó el 1 de enero; el segundo, del 5.2 %, entró en vigor el 16 de enero, ajustándose a la inflación del año anterior; y ahora, a partir de abril, se aplicará un alza del 1.86 %.
Con este nuevo ajuste, algunos de los peajes más costosos en Colombia incluyen Pipiral (Vía al Llano) con una tarifa de 26.893 pesos y el Túnel de Oriente (Medellín-Rionegro) con un costo de 25.500 pesos.
¿Cuáles son los incrementos?
Inicialmente, se había informado que el peaje de Cisneros, en Antioquia, también aumentaría su tarifa, sin embargo, este incremento no se aplicará. La Resolución No. 20253040000365 del 10 de enero de 2025 mantiene congelado el precio de este peaje hasta que la ANI y el Ministerio de Transporte decidan lo contrario.
Además, el Ministerio de Transporte anunció en enero la suspensión de cobros contractuales por seis meses en ocho peajes, medida que sigue en pie hasta agosto.
Los peajes exentos son: Fusca, Andes y UniSabana (Accesos Norte I y II), El Placer (Rumichaca-Pasto), Cisneros (Vías del Nus), Carmen de Bolívar (Puerta de Hierro-Cruz del Viso), Aburrá (Autopista al Mar 1) y Machetá (Transversal del Sisga).
Preocupaciones
A pesar de los incrementos en las tarifas, los usuarios siguen sin contar con un sistema de pago electrónico eficiente en los peajes nacionales, lo que sigue generando inconvenientes en el flujo vehicular y largas filas en las estaciones de cobro.
Con esta nueva alza, se mantiene el debate sobre la carga económica para los conductores y la necesidad de modernizar los sistemas de pago en las carreteras del país.
Este incremento ha sido rechazado por gremios transportadores, quienes aseguran que el constante aumento en los costos afecta directamente su rentabilidad y eleva los precios del transporte de carga y pasajeros.
Además, varios gobernadores, como el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, manifestó su inconformidad, y argumentan que el alza impacta negativamente la economía regional y el desarrollo de sectores productivos que dependen del transporte terrestre.
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