En un informe de 285 páginas, Human Rights Watch hizo lo que nadie había hecho: revelar las difíciles, indignas y en ocasiones inhumanas condiciones en que trabajan las modelos de las industria de cámaras web -las llamadas ‘webcam models’- en Colombia.
El informe, titulado "Aprendí a decir no: Abusos laborales y explotación sexual en los estudios de webcam colombianos", es una radiografía desgarradora de un sector empañado por la explotación, la coerción y el abuso.
La investigación revela “una cultura de miedo y control dentro de estos estudios”. Las modelos a menudo están sujetas a horarios de trabajo agotadores (algunas, se indica, llegan a trabajar 18 horas al día, siete días a la semana), en las que se les priva de derechos básicos, como descansos, licencias por enfermedad y la libertad de dejar sus trabajos sin temor a represalias.
El informe también puso de relieve la práctica generalizada de la coerción. Dado que el dinero está en mostrar más, en hacer más, o en permitir más, existe -dice el documento- una presión constante para realizar actos sexualmente explícitos, degradantes o incluso peligrosos, a los que de otro modo las modelos no darían su consentimiento.
A menudo se les amenaza con perder su empleo o incluso con violencia física si se niegan a cumplir con estas exigencias. Una modelo de webcam de 25 años en Cali explicó que, aunque entró en la industria voluntariamente y depende de ella para cubrir sus necesidades económicas, cree que fundamental diferenciar entre querer hacer el trabajo, en general, y querer hacer cada cosa individual que un cliente pide.
Las revelaciones
Por espacio de un año y medio, HRW habló extensivamente con modelos en Bogotá, Cali, Medellín y Palmira, que transmiten de manera habitual en plataformas como BongaCams, Chaturbate, LiveJasmin y Stripchat, cuatro de las más utilizadas de la industria.
En colaboración con las organizaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, La Liga de la Salud Trans y Corporación Calle 7 Colombia, los investigadores condujeron entrevistas a 55 trabajadoras sexuales con experiencia en la industria.
"Las trabajadoras sexuales merecen las mismas protecciones laborales que todos los trabajadores en virtud del derecho internacional y de los derechos humanos, pero la multimillonaria industria de las cámaras web ha evitado en gran medida el escrutinio en sus cadenas de suministro. Las plataformas de cámaras web tienen la responsabilidad de identificar, mitigar y prevenir los abusos contra los derechos humanos por parte de los estudios, y deben llevar a cabo reformas en consonancia con las responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos".--Erin Kilbride, investigadora de Human Rights Watch y autora del informe.
Todas las entrevistadas son adultas, pero varias reconocieron haber comenzado a trabajar siendo menores de edad, con el conocimiento de los estudios. Solo este hecho constituye una flagrante violación las restricciones de edad de las plataformas. Para subvertirlas, los estudios "reciclan" cuentas de exmodelos adultas y las plataformas no lo notan, o no actúan para impedirlo.
Las trabajadoras informan que realizan sus streamings desde cubículos pequeños y confinados con falta de ventilación y, en ocasiones, infestados de chinches y cucarachas. Muchas dan cuenta del abuso verbal, físico y sexual por parte de la dirección del estudio, y la coerción para realizar actos sexuales a los que no dieron su consentimiento.
Las condiciones laborales incluyen robo de salarios, multas por tomar descansos para comer y usar el baño, y teclados de computadora, mouses y muebles cubiertos de fluidos corporales de otros empleados.
La mayoría dijo que quiere ahorrar dinero para comprar su propio equipo y transmitir desde casa, donde podrían controlar mejor sus horarios y actuaciones. Sin embargo, los estudios de modelos a menudo se niegan a ceder el control de las cuentas, lo que obliga a las modelos a comenzar desde cero si quieren independizarse.
Cuarenta y nueve de las modelos entrevistadas dijeron que no habían visto ni firmado términos de servicio de ninguna de las plataformas en las que transmiten habitualmente. En la mayoría de los casos, los estudios crearon su cuenta para ellas.
No criminalizar
El webcamming es una industria global en la que los estudios estiman que las plataformas se quedan con entre el 50 y el 65 por ciento de lo que pagan los espectadores. A eso se suma que los estudios -según relataron las entrevistadas- retienen hasta el 70 por ciento de lo que paga la plataforma.
Es importante destacar que el reporte enfatiza que no es la posición de Human Rights Watch que se deba criminalizar a la industria de las cámaras web ni a los estudios. El llamado es, en cambio, a trabajar con organizaciones de trabajadoras sexuales y defensores de los derechos de las trabajadoras sexuales para identificar pasos concretos que las plataformas, los estudios y el gobierno deben tomar para abordar los abusos y erradicar la explotación.
El informe completo puede descargarse en el sitio web de HRW.
Ver 0 comentarios