La ampliación de la Avenida Boyacá en el norte de Bogotá, que abarcará desde la calle 183 hasta la calle 235, es un proyecto vial clave para aliviar la movilidad en esta zona la ciudad que está en vilo tras la demanda del Ministerio de Ambiente que fue admitida ante el Consejo de Estado, y la cual busca suspender la licencia ambiental otorgada para la obra.
En el centro de la controversia se encuentran las implicaciones ambientales de la intervención en la Reserva Thomas Van Der Hammen, un área de alta importancia ecológica para la región, y la autonomía de Bogotá para decidir sobre sus obras de infraestructura.
El Ministerio de Ambiente, liderado por Susana Muhamad, sostiene que la ampliación de la Avenida Boyacá causaría una fragmentación "irremediable" en la reserva, y ha cuestionado la falta de transparencia en los estudios ambientales y de tránsito del proyecto, que ya había recibido la luz verde de la CAR
Según la ministra, existen alternativas que no comprometerían la integridad de la reserva y el ministerio ha solicitado que se presenten estudios adicionales y se asegure el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Sin embargo, desde la perspectiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que le otorgó la licencia ambiental a la ampliación de la Avenida Boyacá, se trata de obra de importancia estratégica para Bogotá y la licencia fue otorgada con un compromiso de cumplimiento estricto de las medidas ambientales acordadas.
Características y alcance de la obra de ampliación
El proyecto tiene como objetivo descongestionar la Autopista Norte y ofrecer una vía alternativa para mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios vecinos, especialmente Cota. La propuesta incluye:
- La construcción de una vía de 4.9 kilómetros de longitud, con cuatro calzadas y dos carriles por sentido, que se alinea con las demandas de movilidad de los habitantes del norte de la ciudad.
- Infraestructura peatonal con una ciclorruta bidireccional en el separador central y andenes en ambos lados, así como pasos semaforizados para garantizar la seguridad de los transeúntes.
- Ampliación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, una medida que ayudaría a reducir el riesgo de inundaciones en el norte de Bogotá, especialmente durante temporadas de lluvias intensas.
Intervención de la Van Der Hammen, la polémica
Uno de los puntos más controvertidos de esta ampliación es su posible impacto ambiental en la Reserva Forestal Regional Thomas Van Der Hammen, un espacio de conservación ecológica que abarca aproximadamente 1,395 hectáreas.
La obra implicaría la intervención de unas 20.87 hectáreas de la reserva, lo que ha generado oposición de diversos sectores. Sin embargo, al aprobar la licencia ambiental la CAR estableció una serie de medidas de compensación:
- La restauración de 62.49 hectáreas adicionales en la misma zona de la reserva como compensación ambiental.
- La siembra de más de 12,500 árboles en las áreas afectadas y en zonas aledañas, lo cual contribuiría a preservar la conectividad de los ecosistemas de la región.
- La implementación de un plan de recuperación para el humedal Torca Guaymaral, un ecosistema importante dentro del contexto urbano de Bogotá.
La CAR defendió la licencia argumentando que el proceso de aprobación incluyó estudios exhaustivos, audiencias públicas y mesas de trabajo con diferentes grupos de interés.
Dura reacción del alcalde Galán a la demanda
La demanda admitida por el Consejo de Estado provocó una contundente reacción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que expresó su preocupación por lo que consideró una "intromisión del Gobierno Nacional" en decisiones que corresponden a la ciudad y señaló que esta intervención limita la autonomía del distrito capital.
Para el alcalde, la ampliación de la Avenida Boyacá es una obra fundamental para mejorar la movilidad, especialmente en una zona con altos niveles de tráfico y pocas alternativas viales.
"Vamos a trabajar desde el distrito con todas las herramientas que tenemos para defender ese acto administrativo" aseguró Galán aclarando que "entendemos que se admitió la demanda y por ende se va a estudiar una posible medida cautelar, pero nosotros entendemos que este inicio de estudio que hace el Consejo de Estado, implica que es sobre un acto administrativo que está firme".
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