Tras varios años de proceso el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), determinó que Colombia debe pagarle aproximadamente 500 millones de euros (más de 2,3 billones de pesos colombianos) a Telefónica, después de que fue declarado como responsable en un arbitraje iniciado por esta compañía de origen español.
De hecho, se trata de una medida que responde a las reclamaciones de la empresa por los daños ocasionados a sus inversiones en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Coltel), su filial en el país, derivadas de una reversión de activos impuesta por el Estado colombiano.
Origen del conflicto: reversión de activos
El conflicto tiene su origen en 2017, cuando el gobierno de ese entonces aplicó una serie de medidas para la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones.
Por esta razón Telefónica fue obligada a pagar en ese momento la suma de 379.8 millones de dólares al Estado, lo cual además de golpear las finanzas de la firma, fue vista como una violación al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado entre Colombia y España.
Posteriormente, la compañía inició el arbitraje en febrero de 2018, buscando resarcimiento por los daños sufridos y luego de varios años de litigio, el tribunal arbitral notificó a la empresa hace unas horas sobre el fallo en su favor.
Por qué la CIADI toma esta decisión
Según el comunicado oficial de Telefónica, el tribunal del CIADI concluyó que Colombia no cumplió con su obligación de "brindar un trato justo y equitativo a las inversiones" de Telefónica, conforme al Artículo 2(3) del APPRI.
Por lo tanto, ordenó al país pagar la cantidad inicialmente desembolsada por Telefónica en 2017, junto con intereses compuestos al 5% y el pago de los costos de abogados de Telefónica, lo que eleva el monto total a unos 500 millones de euros.
Repercusiones para Colombia
La derrota del país en este arbitraje es un recordatorio de la complejidad y el impacto de las políticas de reversión de activos y la decisión del CIADI también podría influir en la percepción de los inversores internacionales sobre la estabilidad jurídica en Colombia.
Y aunque Colombia podría intentar anular la decisión, este tipo de acciones suele ser largo y no garantiza la reversión de la sentencia. Telefónica, por su parte, espera el cumplimiento de la decisión, que representa una compensación significativa por el impacto financiero de las políticas estatales en sus operaciones en el país.
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