El año 2025 puede ser determinante para establecer reglas claras tanto para los conductores de aplicaciones de transporte como para las plataformas que facilitan estos servicios, debido a que en el Congreso de Colombia avanza el Proyecto de Ley 136. Una propuesta que recientemente superó el primer debate en la Comisión Sexta del Senado y ahora tiene cuatro deliberaciones por delante en el legislativo.
Pero ¿por qué es relevante esta iniciativa liderada por el senador Julio Alberto Elias Vidal? Es importante porque busca darle un marco regulatorio a apps como Uber, DiDi, InDriver y Cabify, con el objetivo de equilibrar los derechos y responsabilidades de los conductores, pasajeros y empresas de tecnología involucradas.
De hecho, la iniciativa contempla la creación del Registro Único Nacional del Servicio de Movilidad Intermediado (Runsmi), un sistema al que todos los conductores deberán inscribirse, así como actualizar su información personal y del vehículo cada seis meses.
Todo esto con el objetivo de ofrecer una mayor legalidad y protección tanto para los conductores como para los usuarios, así como poner fin a las sanciones, como es el caso de la inmovilización de los vehículos, por operar bajo un marco regulatorio ambiguo.
Recientemente, José Daniel López, director de Alianza In, el gremio que agrupa a las principales plataformas digitales del país, recibió positivamente el avance de la iniciativa destacando el bienestar para "los cientos de miles de personas que trabajan con su vehículo particular o su taxi a través las plataformas de movilidad".
Cómo funcionará el Runsmi
Este será un sistema centralizado gestionado por el Ministerio de Transporte en colaboración con el MinTIC. Su objetivo principal será reunir y supervisar información clave sobre las plataformas de transporte, los conductores, los vehículos y sus propietarios.
Una vez aprobado el proyecto, el Gobierno tendrá seis meses para implementar el sistema, seguido de un periodo adicional de seis meses para que los conductores y las plataformas se registren.
Es importante destacar que este registro no solo legitimará la operación de las aplicaciones de transporte, sino que también garantizará que los vehículos cumplan con los requisitos legales.
Requisitos para los conductores
Los conductores que deseen operar bajo este nuevo esquema deberán cumplir con ciertos requisitos, incluyendo el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y haber aprobado la revisión técnico-mecánica correspondiente.
Mientras que las plataformas estarán obligadas a proporcionar pólizas de seguro que cubran riesgos para conductores, pasajeros y terceros. Esto incluye seguros de responsabilidad civil extracontractual, pensados para cubrir cualquier eventualidad durante los trayectos.
Además, las calificaciones que los usuarios otorguen a los conductores adquirirán un peso importante, debido a que influirán en su continuidad dentro del sistema.
El proyecto también introduce cambios en las tarifas, permitiendo un esquema dinámico basado en la oferta y demanda. Esto busca garantizar la competitividad del servicio y su sostenibilidad en el tiempo, sin afectar negativamente al usuario final.
Por otro lado, la Superintendencia de Transporte asumirá la vigilancia y control de los conductores, mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio regulará las operaciones de las plataformas digitales, asegurando un marco justo y equilibrado.
¿Qué pasará con las multas actuales?
Uno de los puntos más esperados del proyecto es que implicaría el fin de la infracción D12 del Código Nacional de Tránsito, la cual sanciona el transporte público no autorizado.
En otras palabras, sería la eliminación de las inmovilizaciones para vehículos registrados en el Runsmi, sin embargo, las multas y sanciones emitidas antes de la aprobación de la ley seguirán vigentes y no podrán anularse.
Actualmente, los conductores de vehículos que operan sin autorización enfrentan una multa de 1.423.000 pesos, con inmovilizaciones que pueden variar entre 5 y 40 días según la reincidencia.
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