Investigatory Powers Bills. Ese es el rimbombante nombre de la legislación presentada hace un año que el gobierno británico está a punto de aprobar de forma definitiva y que hará legal algo que parecía una distopía: en el Reino Unido podrán espiar electrónicamente a sus ciudadanos sin ton ni son.
Esta propuesta es tan polémica que hasta el propio responsable de la división de privacidad en las Naciones Unidas ha afirmado que la situación es "peor que mala". Al debate se ha sumado Edward Snowden, que advierte de que este es "el espionaje más extremo jamás realizado en la historia de la democracia occidental".
El historial de navegación parcial, a disposición del gobierno
La consecuencia directa de esta ley hará que el gobierno tenga la potestad de echar un vistazo a tu historial de navegación. En el Reino Unido se almacenarán durante un máximo de un año todos aquellos sitios web que los ciudadanos visitan. No se almacenarán las URLs exactas de nuestras visitas, pero sí el dominio base al que están dirigidas.
Esa información también incluirá las aplicaciones que los ciudadanos utilizan en sus dispositivos móviles y los metadatos de las llamadas y conexiones, lo que significa que el gobierno podría averiguar que has estado en Xataka, cuánto tiempo las has visitado, tu IP y algo de información sobre tu ordenador. No sabrán no obstante si leíste este artículo o cualquier otro durante esa sesión.
Serán los proveedores de servicios de internet (normalmente, las operadoras telefónicas) las que tengan que almacenar esos datos, algo por lo que el gobierno les pagará, pero además deberán dar acceso al gobierno a una herramienta de filtrado para poder rebuscar entre toda esa información y relacionar ciertas visitas o llamadas con una IP en concreto y, por tanto, con un individuo.
Invasión de privacidad sin órdenes judiciales
Aunque habrá formas de protegerse con soluciones como Tor o el uso de VPNs, es evidente que los que usen dichas opciones serán esa minoría de usuarios con los conocimientos técnicos suficientes para evadir esos sistemas de espionaje.
Lo más increíble de todo es que esta legislación especifica que no es necesaria una supervisión por parte de un juez para poder acceder a dichos registros, algo que hasta ahora solía ser la única forma de poder llevar a cabo investigaciones que invadieran la privacidad de los usuarios en materia de comunicaciones personales.
La policía será la encargada de realizar inspecciones cuando lo crea conveniente, y para ello habrá un oficial supervisor con una formación específica que será el que aprobará o denegará las peticiones de acceso a dichos registros.
Vienen los pitufos, pero no los que conocíamos
A toda esa invasión de nuestra privacidad se le suma la aprobación de facto de medidas que en realidad llevaban años en funcionamiento. Edward Snowden ya descubrió algunas de las prácticas de agencias de inteligencia como la NSA estadounidense y el GCHQ británico, pero con estas leyes de repente se "bendice" su utilización.
Estos "poderes" tendrán que ser aprobados —esta vez sí— por el Secretario de Estado y un grupo de jueces, pero darán acceso a un espionaje dirigido y mucho más intenso a una persona o grupo de personas que estén bajo sospecha o investigación. Es aquí cuando se podrá recolectar todo tipo de datos a través de la intrusión en los dispositivos de esta/s persona/s, y hacerlo con todo tipo de sistemas y mecanismos que puedan interferir en esas comunicaciones.
El GCHQ utilizará para este propósito programas que hacen un discutible homenaje a los dibujos animados de los pitufos, y por ejemplo el "pitufo narizotas" se encargará de activar el micrófono de un dispositivo para grabar conversaciones, mientras que el "pitufo rastreador" capturará la señal GPS de un dispositivo en tiempo real.
A estas herramientas, que solo se usarán en "crímenes serios" —solo se concedieron 2.700 permisos de los casi 500.000 solicitados el año pasado— se les sumarán otras orientadas a realizar todo tipo de operaciones de hacking con el argumento eterno: prevenir y detener ataques terroristas.
El riesgo para la privacidad vuelve a ser evidente, sobre todo cuando eso hará legal algo que había sido declarado una violación de los derechos humanos por las propias cortes británicas de justicia. Por no mencionar otros efectos colaterales, como el de poder forzar a empresas tecnológicas para que descifren datos de sus usuarios si el gobierno los necesita.
Seguro que os suena algo de esto, pero lo cierto es que esta legislación es aparentemente un ataque frontal a la privacidad de los usuarios. Y lo peor es que la iniciativa del gobierno británico podría contagiarse a otros países europeos que hace tiempo que promueven medidas que van en esa línea, aunque no han osado llegar a tales límites como los que se plantean en Gran Bretaña. ¿Un mundo feliz?
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