Un informe revelado por la organización Privacy International reveló que en Colombia las autoridades están realizando interceptaciones masivas de comunicaciones sin autoridad legal expresa. Según el documento, en el país funcionan tres sistemas de vigilancia masiva: Esperanza (de la fiscalía), Puma y SIGD (Sistema Integrado de Grabación Digital), que tienen sistemas de vigilancia masiva que no establecen una diferencia entre criminales y ciudadanos del común. Las agencias que usan estos sistemas son la DIJIN y la DIPOL.
Para el caso de la DIPOL, el documento indica que actualmente, a través del Sistema Integral de Grabación Digital (SIGD), el organismo tiene la capacidad de desplegar falsas estaciones base de telefonía móvil, que pueden hacer un monitoreo del uso de los teléfonos e interceptar comunicaciones sin la participación de los proveedores de servicios y sin el conocimiento necesario de las autoridades judiciales. Incluso, de acuerdo a Privacy International, este sistema es capaz de "recopilar 100 millones de registros de datos de llamada al día e interceptar 20 millones de SMS diarios".
Por su parte, la DIJIN tiene bajo su administración la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA) que tiene como función interceptar, almacenar y analizar cantidades masivas de tráfico telefónico.
Aunque la actividad de Puma es considerada como legal por la Policía, según Privacy International, “la interceptación masiva o automatizada de las comunicaciones con fines de recopilación de información de inteligencia no está contemplada ni autorizada expresamente en la legislación colombiana”.
El diario El Espectador tuvo la oportunidad de hablar directamente con miembros de Privacy International, quienes dejaron ver su preocupación frente al tema asegurando que es alarmante que el contenido y los metadatos de las comunicaciones estén siendo recolectados pasivamente y almacenados en servidores para ser examinados por analistas, como si se tratara del barrido que realiza una gran red.
Las leyes colombianas ¿si protegen la privacidad?
El documento publicado por Privacy International concluye asegurando que los sistemas de interceptación y monitoreo de Colombia "operan en un marco jurídico que no protege debidamente el derecho constitucional de la ciudadanía colombiana a la privacidad".
Además, como lo indicamos en un post hace unos meses, diferentes fuentes han podido establecer que la policía colombiana ha contratado los servicios de empresas de piratería informática y software malicioso (malware) para tener acceso a ordenadores y teléfonos móviles.
Es importante, por tanto, que se aborden estas lagunas jurídicas para crear un sistema que garantice la seguridad de los colombianos que respete su derecho a la privacidad.
Imagen | Sebastien Wiertz
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