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Inspecciones de hacienda por videoconferencia y juicios telemáticos: esta es la nueva era de las gestiones a distancia

Tu próxima inspección de Hacienda podría ser por videoconferencia: eso es lo que se ha aprobado en el último BOE (núm. 169, del 17 de junio de 2020) para facilitar esas gestiones tanto en estos agitados tiempos del COVID-19, como en el futuro.

La medida es la última demostración de cómo la Administración Pública en España está poco a poco permitiendo este tipo de soluciones telemáticas para agilizar y facilitar ciertas gestiones administrativas. El movimiento es destacable, aunque los expertos avisan de que es necesario ir con pies de plomo en este tipo de actuaciones.

La obtención de la Cl@ve demuestra la viabilidad de estos métodos

La Agencia Tributaria anunciaba hace unos días la posibilidad de usar videollamadas con la aplicación Zoom para registrarse en el sitema Cl@ve.

La idea era notable y planteaba una alternativa muy llamativa ante la pandemia de coronavirus que ha reducido la movilidad de forma notable y que ha hecho que las citas presenciales se vuelvan más complejas.

Esa medida parece ser no obstante la primera de una serie de iniciativas dirigidas a ampliar el alcance de las videollamadas y las gestiones telemáticas en la administración.

En abril la Agencia Tributaria comenzaba por ejemplo sus ensayos para ofrecer un canal de asistencia para la Declaración de la Renta por videollamada.

Se trataba de una prueba piloto que no tenía la ambición de convertirse en una opción masiva en esta campaña de la Renta 2019, pero puede que en próximas campañas acabe siendo una alternativa extendida que se complemente con la asistencia presencial.

Te llama tu Inspector de Hacienda

Las videollamadas plantean ahora nuevas alternativas: el BOE del 17 de junio de 2020 (PDF) certifica la aprobación de este sistema para ciertas gestiones que permitirán abrir así un canal no presencial.

Con la aprobación de sa medida los inspectores de la Agencia Tributaria podrán usar las videollamadas requerir información a los obligados tributarios sobre los que existan sospechas de fraude fiscal, solicitarles aclaraciones o incluso trasladar documentación.

El Gobierno ha aprovechado la aprobación del Real Drecreto que regula el Fondo Covid de 16.000 millones de euros para las CCAA y ha dado el visto bueno para que se puedan establecer ese tipo de comunicaciones entre Hacienda y los contribuyentes.

Hasta ahora esas comunicaciones debían realizarse de manera presencial, pero con esta modificación la Inspección de Hacienda se podrá realizar de forma remota. Aún así la norma establece ciertas condiciones que aseguren la seguridad y privacidad de dichas comunicaciones, y se explica que las videollamadas solo se utilizarán en los casos en los que los obligados tributarios den su consentimiento a la utilización de este sistema.

En los últimos días también se ha comenzado a evaluar la viabilidad de las actuaciones judiciales por vía telemática. En CincoDías explicaban cómo los organismos judiciales habían valorado esas primeras pruebas como positivas "y esperamos que su uso se generalice en un futuro cercano", aunque también ponían de manifiesto que se deben solucionar aún varios problemas como el de la diversidad de plataformas elegidas.

Videollamdas sí, pero con pies de plomo

El BOE ya indica que en estas comunicaciones se debe garantizar "la transmisión y recepción segura de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad".

Ese es uno de los grandes retos de estas gestiones telemáticas con la Administración Pública. Sergio Carrasco (@sergiocm), jurista de Fase Consulting especializado en privacidad y seguridad, nos explicaba que estas medidas de flexibilización son en algunos casos "especialmente circunstanciales" por la pandemia de la COVID-19.

Carrasco opina que dichas iniciativas "son buenas si se hacen bien", pero advertía de que "el problema será si no se tienen en cuenta simultáneamente riesgos que puedan ir apareciendo".

Aquí el propio equipamiento del obligado tributario por ejemplo puede condicionar la seguridad (¿cómo enseño el DNI? ¿cómo sé que quien me lo está enseñando es realmente su propietario con una imagen de mala calidad?), y de hecho Carrasco nos recordaba cómo esto puede derivar en fraudes y timos como el del CEO que el pasado mes de septiembre hicieron que la EMT de Valencia sufriera una estafa de 4 millones de euros.

Lo importante, destaca Carrasco, es que para evitar esos posibles fraudes o robos de datos la administración vaya "prestando atención a cada paso". Así pues, bien por las videollamadas para trámites administrativos, pero tanto en un extremo -el de la administración- como en el otro -el de los propios ciudadanos- las precauciones deben imperar para garantizar que no haya problemas.

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