A favor de salvar el anonimato en internet: por qué estamos en contra de recortar libertad de expresión

El debate sobre el anonimato y las noticias falsas o la "desinformación" se ha convertido en un tema candente estos días tras los acontecimientos que han rodeado a la dirigente del PP Alicia Sánchez-Camacho y a las recientes declaraciones tanto del portavoz del PP, Rafael Hernando, como de la ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal.

Hernando abogaba por investigar la potencial prohibición del anonimato, mientras que la ministra calificaba a "la desinformación" como una de las grandes amenazas para la defensa de España en un acto celebrado organizado por el diario La Razón hace unas horas. Nosotros hemos hablado con Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en este ámbito, para aclarar un debate político que afecta a una parte fundamental de internet y que tiene claros tintes electoralistas.

La nueva guerra híbrida

El debate sobre las noticias falsas había estado centrado hasta ahora en países como Estados Unidos, Rusia o Francia, pero esas campañas de desinformación que afectan al debate político en estos países también han tenido su efecto en los acontecimientos que se han vivido en España en relación al movimiento independentista en Cataluña.

La proximidad del proceso electoral convocado para el próximo 21 de diciembre ha hecho que el Gobierno de España plantee una Estrategia de Seguridad Nacional 2017, que sustituye a la vigente de 2013. En esa estrategia se tratarán de poner medios para luchar contra la llamada "guerra híbrida", que combina tanto las fuerzas de seguriad convencionales como la presión económica o los ciberataques, explican en El País.

En esos documentos no se menciona a Rusia, pero diversas investigaciones relacionan a este país con todas las campañas de desinformación recientes tanto en la victoria de Trump en las elecciones de EE.UU. el año pasado como el Brexit, la crisis migratoria e incluso las últimas pruebas nucleares de Corea del Norte.

En ese marco de actuación fue en el que se produjeron las declaraciones de la Sra. de Cospedal, que indicó que propondría a la Comisión de Defensa del Congreso la creación de un grupo de trabajo con diputados y editores de los principales medios de comunicación para hacer frente a una amenaza que "afecta de lleno a los intereses nacionales" de España.

¿Es el anonimato el problema?

En esa actividad hay un componente esencial, y es el anonimato. Tanto Facebook como Twitter funcionan con sistemas que permiten el anonimato, algo que también es parte de la propia filosofía del debate internet, donde buena parte de los usuarios aprovechan esa capa para proteger sus identidades y expresar sus opiniones libremente.

Eso, por supuesto, genera malas prácticas —el fenómeno de los trolls en los medios es uno de los ejemplos clásicos—, y también prácticas peligrosas como las que ahora se están haciendo patentes con las noticias falsas y la desinformación que pueden llegar a influir de forma notable en quienes utilizan estos nuevos medios de comunicación.

Ese anonimato plantea esa pregunta de si somos lo que hacemos en redes sociales, pero sobre todo hace que una y otra vez vuelva a hablarse de la libertad de expresión y si deberíamos ponerle vallas a ese particular campo.

Los últimos atentados terroristas en Occidente han sido excusa perfecta para que gobiernos como los del Reino Unido, EE.UU. o Francia planteen medidas muy restrictivas en las que la monitorización y el espionaje masivo se convertían en una práctica casi convencional. En España la Ley Mordaza ha sido muy criticada por las restricciones que impone, y la propia Plataforma en Defensa de la Libertad de Información la calificaba como "una grave amenaza para las libertades de información y expresión de periodistas y movimientos sociales".

Uno de los detonantes de todo este debate fue el ofensivo tuit contra Alicia Sánchez-Camacho, del Partido Popular, que tras un mensaje en su cuenta de Twitter fue respondida por un usuario llamado @birostaenric1, que le dijo "A ti te tendría que haber encontrado "la Manada", borrando su tuit poco después.

Esa alusión a los procesados por la violación de una joven en los Sanfermines de 2016 provocó una gran protesta por parte de los populares, y la propia Sánchez-Camacho denunció al responsable y reactivó el debate sobre el anonimato y cómo éste permite insultar y amenazar impunemente en redes sociales. Rafaael Hernando, portavoz popular, encargó a la política sondear a grupos políticos para encontrar modificaciones a la legislación actual que obligue a los usuarios estar identificados.

Como revelan en El Mundo, no se trata de prohibir los nombres ficticios, pero sí tener asociados los nombres e identidades de personas reales "convenientemente custodiados". Para Hernando el anonimato se ha convertido en "un elemento de acoso a las personas", y este dirigente del PP abogaba por un sistema que pudiera relacionar a cada pseudónimo con una persona física, algo que en su opinión podría frenar el uso de bots para el envío de mensajes a la red.

El anonimato como derecho fundamental

Entre las propuestas de la ministra Cospedal a raíz de todos estos sucesos está la lucha contra el anonimato en redes sociales, algo que ha generado muchas críticas y de lo que hablaban varios expertos como el abogado Carlos Sánchez Almeida, del Bufete Almeida, Abogados Asociados. En un reciente hilo explicaba cómo "El ciudadano tiene derecho a ser anónimo. Y el Estado, a través del Poder Judicial, puede levantar ese anonimato en caso de delito".

Para Almeida prohibir el anonimato sería "posiblemente inconstitucional", ya que entre otras cosas difundir un pensamiento anónimo es un derecho que es parte de la liberta de expresión que solo puede ser intervenida por el Poder Judicial.

"Una norma administrativa que estableciese la obligatoriedad de identificación en redes sociales afectaría a la libertad de expresión", añadía, indicando además que los límites a esa libertad de expresión deben proceder del Poder Judicial, y nunca del Ejecutivo.

Para este abogado el anonimato no impide perseguir delitos, ya que "jueces y Policía disponen de medios para identificar a ciberdelincuentes". Su conclusión era contundente: "no hay excusa para que el Gobierno limite la libertad de expresión".

Hemos podido hablar con el Sr. Sánchez Almeida por teléfono, y él nos ha explicado cómo en su opinión todas estas declaraciones son "un bluf", ya que no hay propuestas, textos ni proyectos de ley en los que se explique en detalle cómo se quiere tratar el tema del anonimato.

También destacaba cómo en informe de la Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales del 24 de marzo de 2015 precisamente varios ponentes abogaron por prohibir el anonimato, pero el gobierno descartó tal tipo de actuación y de hecho ninguna de las propuestas aprobadas contemplaba esa posibilidad. Como explicaba el Sr. Sánchez Almeida en su cuenta en Twitter, "con agentes encubiertos en internet hay mecanismos de sobra para perseguir delincuentes anónimos".

Como nos explicaba más en profundidad, no hay legislación al respecto, y de hecho en la regulación actual no está por ejemplo tipificado como delito la suplantación de identidad, y solo es delito la usurpación del estado civil, es decir, cuando te haces pasar por otra persona a todos los efectos.

Para Sánchez Almeida el discurso de los dirigentes del Partido Popular es parte de la campaña electoral que está ya en pleno funcionamiento con motivo de las elecciones catalanas del 21D, y plantear la prohibición del animato no tiene mucho sentido: "como idea es maña porque entra en conflicto con el derecho a la libertad de expresión".

De hecho, destacaba, el anonimato "es importante y necesario" porque protege por ejemplo a los whistleblowers y a quienes denuncian todo tipo de situaciones peligrosas para ellos mismos o para la sociedad. Requerir a Twitter o Facebook (por poner dos ejemplos) que prohíban el anonimato sería probablemente inútil, ya que buena parte del funcionamiento de estas redes sociales se basa en la protección para la libertad de expresión que garantiza ese anonimato.

En el caso de ser utilizado para fines delictivos, afirma este abogado, "el anonimato no existe en la práctica", ya que si alguien comete un delito —en España por ejemplo ocurre con la pornografía infantil, delito de ocio, enaltecimiento del yihadismo— hay mecanismos que permiten que el Poder Judicial requiera la ayuda de Twitter, Facebook u otros servicios para identificar al responsable.

En esos casos, asegura, Twitter colabora, mientras que hay otros casos en los que las opiniones transmitidas a través de estas redes han formado parte de investigaciones archivadas por la Audiencia Nacional porque entre otras cosas Twitter no colaboró siguiendo su política de uso. Para este experto hay una respuesta jurídica a la desinformación deliberada, y la propuesta del Gobierno de reunir a los editores no tiene sentido.

¿Cómo minimizar el problema? La respuesta afecta a todos los ámbitos. Los medios deben recurrir a su código deontológico y a su profesionalismo para comprobar los hechos y no publicar noticias falsas, el Poder Judicial ya tiene mecanismos para luchar contra delitos graves, y de hecho como indicaba el Sr. Sánchez Almeida es habitual perseguir falsas informaciones en el ámbito de la economía, donde la desinformación puede provocar ganancias y pérdidas millonarias tanto a empresas como a personas físicas.

Imagen | Unsplash En Xataka | A Tim Berners-Lee no le gusta la internet actual, así que quiere reinventarla