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Karen Abudinen "no desconoció sus deberes" según la Procuraduría: se archiva investigación contra la ministra TIC durante el polémico caso de Centros Poblados

Karen Abudinen, una política y abogada reconocida por su rol como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), no cometió actos irregulares en el manejo del escándalo de Centros Poblados.

Abudinen lideró esta cartera entre mayo de 2020 y septiembre de 2021 y bajo su gestión se adjudicó un millonario contrato para instalar centros digitales en escuelas rurales de 16 departamentos de Colombia. El contratista, Centros Poblados, recibió 70.000 millones de anticipo que, se descubrió, respaldó con una póliza falsificada.

Sin embargo y según reveló la Revista Cambio, tras la investigación realizada por la Procuraduría General en contra la exfuncionaria, el ente de control encontró que Abudinen "no desconoció sus deberes y funciones con relación al trámite de la licitación para conectar a las escuelas rurales en el país y tampoco incurrió en una falta de control sobre los funcionarios que adelantaron el proceso".

En otras palabras, para el ente disciplinario no se puede hablar de una responsabilidad directa por parte de Abudinen y no procede, por tanto, un castigo administrativo. 

La decisión se expidió el pasado 23 de septiembre de 2024 en un auto con el que la Procuraduría "da terminación de la actuación y ordena el archivo definitivo de la investigación contra la exministra de las TIC".

El caso que provocó la caída de Abudinen

En 2020, el Ministerio TIC, a cargo de Abudinen, adjudicó un contrato por un billón de pesos a Centros Poblados. A pesar de no haber avanzado significativamente en el proyecto, se realizó el pago del anticipo. los hoy famosos  70.000 millones de pesos.

El escándalo creció cuando medios de comunicación y opositores políticos criticaron a Abudinen por no haber detectado el fraude a tiempo y por haber permitido que se embolataran millones de pesos en fondos públicos.

La ministra defendió su gestión del caso, ordenó la caducidad del contrato y puso en marcha acciones dirigidas a recuperar los dineros. Con todo, la presión pública aumentó y eventualmente, en septiembre de 2021, ad portas de una moción de censura en el Congreso, Abudinen renunció a su cargo.

Cortesía Imágenes / MinTIC, Procuraduría General de la Nación

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