La Ley Lleras volverá el segundo semestre de este año

El gobierno de Colombia lleva más de cinco años intentado regular internet. La 'Ley Lleras' es uno de los capítulos más recordados por los usuarios y los defensores de la libertad en la red. Esta ley fue presentada en 2011, como una exigencia por parte del Plan Nacional de Desarrollo y de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea.

El entonces ministro del Interior y hoy día Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, prometió cárcel y penas que se aplicarían con todo rigor para los infractores de esta ley. Según el gobierno, su objetivo al implementar esta ley es proteger a los autores, brindándoles a los proveedores de servicios de internet la posibilidad de limitar el contenido.

El nuevo enfoque de la ley

A pesar del objetivo del gobierno, la ley ha fracasado en repetidas ocasiones. Cabe recalcar que el enfoque también ha cambiado a lo largo de estos años. En primeras instancias, la Ley Lleras buscaba que los proveedores de internet tengan la responsabilidad de regular el contenido que se sube y se comparte en internet, pero esto ya cambió.

En 2011 se buscó que los proveedores del servicio (Claro, Movistar, etc) al igual que los sitios web donde es almacenado el contenido (Facebook, Twitter, etc) tuvieran la posibilidad de bloquear o retirar el contenido que infringe derechos de autor. Es decir, si Facebook o Claro recibieran una denuncia, en menos de 72 horas tendrían que tomar la decisión si retirar el contenido o asumir las consecuencias legales.

Luego de que el primer proyecto de ley fracasó, el tema se siguió discutiendo en el congreso. En menos de un año existieron más de tres intentos de aprobar una ley similar. En marzo de 2012 la ley tomó un enfoque diferente luego de la visita del presidente Barack Obama a Colombia. La Ley se colocó como una exigencia por parte del TLC con Estados Unidos. El nuevo texto presentado en esa época no solo se refería a los prestadores del servicio, sino también tomaba acciones legales contra los usuarios.

La ley 201, más conocida como Ley Lleras 2.0, contemplaba entre 4 a 8 años de cárcel y una multa que está entre los 26 y 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Al igual que su antecesora, esta ley se hundió. En los años siguientes se presentaron nuevos proyectos de ley para reformar la política de derechos de autor en la era digital.

Una nueva ley, en 2016

Luego de que todos estos proyectos de ley se hundieron en el congreso, el Ministerio de Comerció afirmó que radicará nuevamente el proyecto de ley el próximo semestre de este mismo año. Según María Juliana Soto y Nathalie Espitia de la Fundación Karisma, cuando fue presentada la Ley Lleras 4, se solicitó la apertura de un dialogo que permitiera la discusión y modificación de texto.

Sin embargo, hoy día no se sabe si el gobierno tomó en cuenta las recomendaciones que les hicieron este grupo de periodistas, desarrolladores y abogados. Sobre el nuevo texto que será radicado este año no se conoce mucho, simplemente que la ley que pretende 'castigar' a los usuarios de la red, volverá este año.

El gobierno también afirmó que no sucedería nada contra los 'grandes piratas', promesa que también incumplieron. En el último año, los usuarios de redes sociales vieron una pequeña muestra lo que sucederá si esta ley se aprueba. Cientos de aficionados al fútbol colombiano compartieron vídeos cortos en Vine, Twitter y YouTube, que fueron borrados a petición del canal Win Sports.

Con esta acción se demostró que la ley de derechos de autor contemplará la eliminación del contenido y de las cuentas en redes sociales de los 'infractores'. Aunque el contenido fue grabado desde la tribuna del estadio, en canal pudo reclamar y afirmar que esos vídeos les pertenecían.

Si el gobierno quiere pasar de nuevo esta ley ante el congreso debe presentar un reglamento que permita conocer a todos los usuarios de internet qué estará regulado y qué no. Recordemos que una de las grandes fallas de la Ley Lleras 2.0 es que no solo afecta los movimientos digitales; si la ley es aprobada, prestar un libro físico podría ser considerado como delito.

Es de vital importancia informarnos y recordar que aunque esta ley fue presentada como una exigencia en el TLC con Estados Unidos, el gobierno de Colombia puede decidir de forma autónoma y presentar las excepciones de esta ley. Colombia quiere regirse bajo una ley mal enfocada, que no está adaptada a la era digital.

Con la información de la Fundación Karisma y Vice Colombia.

Imagen | La Patria.