Internet está en peligro en la Unión Europea. Nuestros gobernantes han mantenido siempre una postura favorable a la libertad de expresión y la protección de privacidad, pero eso podría cambiar con la votación de una nueva directiva de derechos de autor que tendrá lugar el miércoles 12 de septiembre.
Esta nueva directiva comenzó a fraguarse en 2016, y hace dos meses se votó en contra de una negociación acelerada que habría sido fatal. Ahora se ha revisado la propuesta y los miembros del Parlamento Europeo votarán sobre ella, algo que podría convertir internet en un lugar muy distinto del que conocíamos. Uno en el que todo lo que compartimos es susceptible de espiarse con la excusa de vigilar las violaciones de los derechos de autor.
Qué está pasando con los derechos de autor
Nuestro compañero Toni Castillo explicaba en Genbeta por qué nos jugamos el futuro de internet en la Unión Europea con la propuesta de directiva de copyright y unía testimonios de expertos en nuestro país que indicaban las potenciales consecuencias fatales de esta directiva.
Dicha propuesta tiene como objetivo una teórica mejora de la normativa sobre derechos de autor, pero quienes ven una amenaza en ella —y nos incluimos— destacan cómo esa directiva es una grave amenaza a la libertad de expresión, la privacidad, la iniciativa empresarial e incluso la competitividad y creación de startups. En esa directiva hay dos puntos especialmente polémicos:
- Artículo 11 (usos digitales de las publicaciones de prensa): con estas medidas la Unión Europea plantearía la implantación de una especie de tasa Google o Canon AEDE. Los editores de publicaciones de prensa podrían gestionar sus derechos de autor, cobrando o no a quienes les enlacen o les usen de fuente cierto importe como pago por hacer uso de dicha información con derechos de autor. Enlazar o citar se convertiría en un verdadero problema tanto en la práctica como en su gestión y sus consecuencias legales.
- Artículo 13 (vigilancia de contenidos protegidos por parte de proveedores): en este caso la normativa obligaría a las plataformas de contenidos a monitorizar lo que los usuarios suben para comprobar si se violan o no los derechos de autor. Cada servicio tendría que crear un sistema tipo Content ID de YouTube que permitiría detectar violaciones de los derechos de autor. No solo de música, sino de cualquier contenido. Sitios como la Wikipedia o GitHub que abogan por la libre compartición de información y conocimiento, por ejemplo, estarían entre los afectados.
Ha habido muchas voces en contra de esta propuesta, y entre ellas destacan la de personalidades del mundo de la tecnología. Vinton Cerf y Tim Berners-Lee encabezaban una larga lista de expertos que explicaban en una carta al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, cómo "el artículo 13 da un paso sin precedentes hacia la transformación de internet de una plataforma abierta para compartir e innovar a una herramienta para la vigilancia automatizada y el control de sus usuarios".
Muchos otros organismos que promueven esa internet abierta a todos y a (casi) todo también ven una amenaza notable en esa propuesta que se vota este miércoles. Los responsables de Mozilla explicaban cómo los efectos negativos serán enormes para creadores independientes, para los pequeños servicios online que no podrán competir, para la comunidad Open Source o para los propios usuarios de internet, que serán susceptibles de ser vigilados constantemente.
Los peligros para la libertad de prensa también son notables, como explicaba el organismo European Innovative Media Publishers, cuyos responsables advertían de que los artículos 11 y 13 "no ayudan a las publicaciones innovadoras, pequeñas o digitales. Ambos sirven a los intereses de los grandes operadores tradicionales para frenar el flujo de nuevos editores innovadores".
Las críticas de los activistas que desde hace años defienden los derechos en internet y los comentarios de abogados a los que hicimos mención en el citado artículo de Genbeta de abril de 2018 y también en este texto posterior de junio lo dejan claro.
La directiva es para muchos expertos una grave amenaza a la libertad de expresión, la privacidad, la iniciativa empresarial e incluso la competitividad y creación de startups
El abogado Carlos Sánchez Almeida explicaba cómo esta directiva planteaba "un agravio comparativo a favor de los derechos de autor", y añadía que "ya tenemos una situación de monopolio 'de facto' de grandes corporaciones americanas. Eso está perjudicando la innovación de los actores económicos europeos".
En AMETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales) ya compartieron sus críticas en aquel texto, pero hoy publicaban un nuevo texto en el que destacaban cómo la industria tecnológica, consumidores, internautas y startups rechazan la propuesta de directiva de copyright e instan al Gobierno a reconsiderar su postura.
Las voces críticas son muchas, pero además de esos mensajes y declaraciones existen distintas iniciativas que nos invitan a todos los usuarios de internet europeos a tratar de expresar nuestra preocupación por esta situación. Plataformas como Save Your Internet permiten contactar con los europarlamentarios de nuestro país por distintos métodos.
Podéis escribir un correo electrónico o compartir un tuit para mostrar vuestro parecer, pero la opción más llamativa es la de llamar por teléfono a los europarlamentarios, de forma gratuita y automática, lo que hará que vuestra voz se escuche por parte de quienes de hecho participan en la votación.
Y eso es lo que hicimos nosotros. Llamar. Esto es lo que pasó cuando lo hicimos.
Llamando a nuestros europarlamentarios
Para tratar de mostrar mi preocupación profesional y personal por esta situación hice dos intentos para contactar con nuestros europarlamentarios por teléfono. La primera el pasado viernes por la tarde, la segunda hace unas horas.
El sistema es sencillo: accedes al sitio web de Save Your Internet en español, y en él pinchas en el apartado "Call". Al hacerlo aparecen a la izquierda una serie de menús desplegables que explican qué ocurre cuando hacemos clic en el botón de llamada y que además nos explican cómo afrontar esa llamada.
Presentarnos brevemente es lo primero, a partir de lo cual podremos expresar nuestra preocupación por una votación que, como decimos, plantea una grave amenaza a internet tal y como lo conocemos. En esos menús desplegables se explica qué podemos decir a estos europarlamentarios, cuáles pueden ser los argumentos que exponer e incluso hay un ejemplo transcrito de una llamada telefónica guionizada para que entendamos cómo puede ser el curso de dicho proceso.
A la derecha debemos insertar nuestro número de teléfono fijo o móvil, y debajo encontramos una selección aleatoria de europarlamentarios que recibirán la llamada. El sistema está automatizado: tras pinchar en "Make the call" solo tendremos que esperar unos segundos para que el sistema llame a nuestro teléfono.
A partir de ahí se nos irá conectando uno por uno por las personas de esa lista de europarlamentarios. Con todos el proceso es similar, y como hemos comentado es importante que nos presentemos, pidamos hablar con el europarlamentario en cuestión —al principio de cada conexión una voz sintetizada nos avisa de con quién nos está poniendo en contacto— y a partir de ahí expliquemos por qué llamamos.
En mis dos rondas de contacto, no obsstante, la decepción fue tan esperada como notable. El viernes se me pasó una lista de cinco europarlamentarios. Solo un teléfono (el de Antonio López-Istúriz) acabó respondiendo. Lo hizo una asistente de su equipo que en todo momento estuvo amable y escuchó mis argumentos. Lamentablemente y como me explicó no era la persona adecuada con la que contactar y hacerlo con alguien que llevara el tema era complicado: podría volver a llamar más adelante si quería para ver si tenía más suerte.
Hace unas horas volvía a intentarlo. Seis personas estaban en la lista de llamadas, y esta vez puede hablar con cuatro de ellas, pero en ningún caso llegué a hablar con el europarlamentario o europarlamentaria en cuestión. A la llamada contestan miembros de sus equipos que, eso sí, tratan al interlocutor con máxima amabilidad, pacientes y dispuestos a ayudar. El problema, como todos me comentaron, es que todos los europarlamentarios con los que intentaba contactar estaban en Estrasburgo para la votación o camino de esa localización.
Aún así logré hablar con cuatro personas de los equipos de esos europarlamentarios para intentar transmitirles mi preocupación sobre esa votación. Todos estaban al tanto del proceso y habían recibido otras llamadas, pero en todos los casos no eran personas especializadas en ese ámbito. Uno de los asistentes era un joven extranjero que incluso me pidió hablar en inglés y se disculpó por no encontrar a nadie que me asistiera (o que lo hiciera en español).
En la última llamada, eso sí, un rayo de esperanza. La asistente de Verónica Lope Fontagné tampoco estaba especializada en el tema, pero me escuchó con atención y me aseguró que transmitiría mi preocupación a la europarlamentaria, e incluso tomó nota de mi nombre y número de teléfono.
El proceso es fácil de seguir y lo cierto es que animamos a cualquier lector de Xataka preocupado por la situación a que realice esa llamada. No hay que ser un experto en derechos de autor, y esa información que muestra la página sirve precisamente para que podamos exponer nuestros argumentos con éxito: basta con indicar lo preocupados que estamos por el futuro de una internet que al menos en la UE seguía protegiendo la libertad de expresión y la innovación y compartición de contenidos e información, y que ahora podría dejar de hacerlo.
¿Cuál es la postura del Gobierno de España?
Lamentablemente en España la postura del Gobierno es la de aprobar esta nueva directiva. Como explicaban en Teknautas el pasado sábado 8 de septiembre, buena parte del ministerio de Cultura se desplazó a Bruselas para reunirse con los europarlamentarios españoles.
¿El objetivo? Convencer a todos ellos de aprobar esta propuesta. En dicha noticia indicaban cómo el ministerio de Cultura ha designado a Adriana Moscoso como responsable de que los europarlamentarios voten a favor de una ley que "favorecería al máximo los intereses de la industria cultural".
Moscoso es exempleada de la SGAE en excedencia, y desde Cultura tratarán de desequilibrar la balanza en este ámbito. Según Teknautas "el Gobierno asegura haber logrado el consenso de todos los grupos para votar a favor de la ley", pero indican que eso no es tan fácil y que en julio, cuando se canceló la negociación acelerada, solo PP y PSOE apoyaron la directiva.
Lamentablemente en España la postura del Gobierno es la de aprobar esta nueva directiva. Precisamente por eso actuar y hacer esa llamada de 5 minutos puede ser más importante de lo que parece.
Los europarlamentarios españoles son solo parte de la ecuación: hay 751 europarlamentarios de hecho fuentes de ambos bando indicaban en la noticia de Teknautas como la incertidumbre es total. Hay diferentes propuestas de enmienda a los artículos 11 y 13 (más y menos agresivas) antes de la votación para tratar de que la directiva sea aprobada , y ahora queda por ver qué se decide finalmente.
Puede que parezca inútil, pero una llamada más puede ser importante. Y si a esa llamada se le une otra, puede que el europarlamentario escuche. Y si a ella se le suman otras 1.000, quizás cambien pareceres y esos políticos entiendan que la amenaza es real para ellos, para nosotros y para los que vienen detrás.
En Xataka | Por qué la propuesta de directiva europea de copyright es preocupante para internet