Producto de una demanda impuesta por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Claro y Movistar tendrán que pagarle al Estado colombiano 4,7 billones de pesos.
Éste problema jurídico tiene su origen en 2013. La Corte Constitucional advirtió que, a los contratos de concesión de telefonía celular, se les aplica la cláusula de reversión de activos, así leyes posteriores hayan desmontado ese concepto.
Una de las demandas más considerables en la historia de Colombia
América Móvil (Claro) llevó a estancias internacionales éste caso, asegurando que el gobierno habría violado el TLC con México. Sin embargo, el Ministerio TIC decidió citar a las dos empresas en febrero del año pasado ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El tribunal resolvió que la sentencia de la Corte no era clara en torno a qué activos se iban a revertir, cuál sería su valor y desde qué fechas se hacía efectiva. Claro argumentó que Colombia se apropió de los bienes de Comcel afectados a las concesiones y exigió una compensación económica.
El Comité compuesto por Juan Pablo Cárdenas, María Teresa Palacio y Jorge Pinzón Sánchez decidió que Claro (América Móvil) tendrá que pagar $3,1 billones de pesos y Movistar (Telefónica) $1,6 billones, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
Declaración oficial de Claro
Actualización 7:35 p.m.
Con respecto a la decisión emitida el día de hoy por el Tribunal de Arbitramento convocado por el MinTic para evaluar la reversión de activos de telecomunicaciones a la Nación, Claro se permite informar que estudiará el alcance del laudo proferido para tomar las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses, los de sus trabajadores, usuarios y accionistas.
De acuerdo con las leyes aplicables del Congreso de la República, la reversión debía aplicarse únicamente sobre el espectro radioeléctrico, con el fin de fomentar la inversión y la modernización del servicio de telecomunicaciones en el país. Por esta razón rechazamos el cambio al marco jurídico existente y bajo el cual hemos hecho importantes inversiones en el país, cambios que afectan elementos tan indispensables como el derecho a la propiedad privada y la certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país, mismas que han permitido el desarrollo de un sector vital para el bienestar de los colombianos.
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