"Prohibimos también la investigación y el aprovechamiento de materiales radioactivos, como el uranio, y archivamos cualquier procedimiento relacionado con este tipo de instalaciones", decía Ione Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030 del Gobierno de España, en un hilo de Twitter en el que explicaba varias enmiendas que PSOE y Unidas Podemos habían acordado introducir en la Ley de Cambio Climático que se encuentra ahora en tramitación en el parlamento.
En cuanto se viralizó, la afirmación de la secretaria de Estado despertó numerosas dudas. ¿Se prohibiría toda la investigación y aprovechamiento de materiales radioactivos? ¿Para todos los fines? ¿También para fines sanitarios? ¿Por qué? Finalmente, la noche del 19 de octubre, Belarra borró el tuit, pero la enmienda sigue encima de la mesa. ¿Qué quiere prohibir el Gobierno y qué implicaciones tiene?
¿Qué quiere prohibir exactamente el Gobierno?
Para conocer qué implicaciones tiene la propuesta de los dos partidos de la coalición de gobierno, es interesante analizar la enmienda que acordaron y presentaron el 14 de octubre en el Parlamento. El texto dice esto:
"Queda prohibida la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos tal y como se definen en la Ley 25/1964 de 29 de abril, sobre energía nuclear cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles en todo el territorio nacional. Se procederá al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales"
"Cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles en todo el territorio nacional". El matiz es crucial. La enmienda no prohíbe proyectos de investigación y/o aprovechamiento completos como sugería el tuit de Belarra. Lo que hace es prohibir a esos proyectos usen minerales radioactivos extraídos en el territorio nacional. A la luz del texto, todos los proyectos podrían continuar como hasta ahora solo que usando minerales importados del extranjero.
Pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué prohibir precisamente los minerales nacionales? Para entenderlo, tenemos que viajar a la localidad salmantina de Retortillo, el epicentro de un "problema" que lleva más de diez años dando vueltas por ministerios, consejerías y concejalías del país: la mina de uranio que Berkeley quiere instalar en ese municipio de la comarca de Ciudad Rodrigo.
El conflicto legal de la mina de uranio
A finales de la década de los 2000 y de la mano de ENUSA (la empresa estatal que se encarga del abastecimiento de las centrales nucleares), la compañía australiana Berkeley anunció su intención de construir la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa entre las localidades de Retortillo y Villavieja de Yeltes. La zona se encuentra dentro de un área protegida y el proyecto causó bastante revuelo; no obstante, en estos años, ha conseguido conseguir uno a uno casi todos los permisos necesarios para ponerlo en marcha.
Y no se trata de algo sencillo. Se suele hablar de "mina", pero en realidad son tres proyectos distintos que necesitan autorizaciones de hasta a cuatro administraciones: 1) la mina propiamente dicha que cuenta ya con la declaración favorable de impacto medioambiental de la Junta de Castilla y León, 2) un proyecto de almacenamiento de residuos que requiere la autorización de la Diputación provincial y a los ayuntamientos (con los que llegó a un acuerdo en 2011) y 3) una planta de procesado del mineral que, esto sí, requiere la autorización del para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En 2012, ENUSA se salió del proyecto y esa decisión acabó ante la Corte de Arbitraje Internacional. Berkeley reclamaba unos 150 millones de euros aunque el caso se saldó con un acuerdo sobre derechos de explotación en la zona. Tres años después, en 2015, el ministerio de Industria y Energía que dirigía José Manuel Soria les concedió la autorización previa de emplazamiento con una duración de cinco años.
En 2019, la compañía solicitó una prórroga de la autorización al Ministerio de Transición y, pese a la oposición pública del Gobierno a la mina de Uranio (que cree que no tiene sentido autorizar la extracción de uranio en España mientras se lleva a cabo el cierre de las plantas para 2035), todo parece indicar que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se verá obligado a informa favorablemente de la prórroga porque, en cinco años, ninguna de las condiciones impuestas en 2015 ha variado. Una negativa por parte del CSN habría acabado de nuevo en los tribunales. Durante estos meses, Transición ah estado buscando la forma de romper el escudo legal que protegía la mina salmantina, sin demasiado éxito.
Una enmienda para frenar la mina
A nivel administrativo, solo quedan tres permisos por conseguir: la extensión de la autorización previa, que tras el informe positivo del CSN está prácticamente garantizado; la autorización de construcción y la autorización de explotación. Y la enmienda de la discordia tiene una intención clara: dar un soporte legislativo a la denegación de todos ellos y a la paralización de la mina. Por eso el objetivo de la prohibición se centra en los minerales radioactivos nacionales.
Berkeley, por su parte, sigue adelante, dice "estar dispuesta a invertir 250 millones de euros en el proyecto de Salamanca" y asegura que el proyecto es rentable hasta el punto de "generar resultados a largo plazo a nivel mundial, capaz de suministrar más de cuatro millones de libras de uranio al año, equivalente al 10% del total requerido en Europa".
No está claro hasta punto esto es cierto fundamentalmente porque en estas circunstancias, las indemnizaciones posteriores estarán vinculadas a la rentabilidad de la mina y la empresa, muy curtida en estas lides, lo sabe. En 2018, ya reconocía que su "su principal riesgo era político porque su actividad está vinculada al 100% a los permisos administrativos para poder operar" y se maneja muy bien en el ámbito regulatorio.
Sea como sea, parece claro que hay una mayoría sólida en el parlamento a favor de paralizar la mina. Esto hace probable que la enmienda se apruebe y que el larguísimo conflicto de la mina de uranio de Salamanca acabe resolviéndose en los tribunales o en la Corte de Arbitraje Internacional. El costo de la paralización y el impacto posterior de la legislación que se quiere aprobar será algo a seguir en los próximos años.