Así arrancamos, así estamos y así podemos mejorar la industria de energías renovables en Colombia

El planeta se enfrenta ante una crisis ambiental, por eso es necesario que se implementen más soluciones que disminuyan el impacto ambiental. Una de estas es el uso de energías renovables, que actualmente en Colombia están en aumento. Es importante que como consumidores, posibles inversionistas o como creadores de proyectos entendamos las leyes y beneficios actuales que podemos aprovechar del gobierno para implementar más de este tipo de energías.

Actualmente en el país hay una ley que permite a las empresas beneficiarse por usar y promover las energías renovables, sin embargo la implementación es lenta debido a una falta de comunicación y organización de los ministerios involucrados en estas leyes y programas.

Así que a continuación les hablaremos un poco de la ley 1715 de 2014, además del panorama de lo que se ha hecho en Colombia desde que se aplicó la ley, y haremos un resumen del proceso que hay que hacer para presentar un proyecto de implementación.

La Ley 1715 de 2014

El desarrollo y uso de fuentes no convencionales de energía (FNCE), como la energía nuclear, y de energía renovable (FNCER), o como la energía solar y eólica, está siendo promovido a partir de la implementación de la ley. Los beneficios se aplican a empresas que permitan que las FNCE y las FNCER que entren en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, participación en zonas no interconectadas y en otros usos energéticos que beneficien objetivos del desarrollo económico sostenible como la seguridad del abastecimiento energético y la reducción de emisiones anuales de gases de efecto invernadero.

Los proyectos que entren dentro de estas categorías tras ser estudiadas por la Unidad de Planeación del Minero Energética (UPME) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), recibirán los siguientes beneficios:

• Deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta: El contribuyente podrá deducir hasta un 50% de la renta líquida basado en el valor de la inversión. Esta reducción se aplicará sobre los siguientes cinco años finalizado el proyecto.
• Depreciación acelerada: Los activos pierden valor por el deterioro con el paso del tiempo, esto es la depreciación. Esta depreciación es deducible de los impuestos sobre la renta para los activos que se involucran directamente con la inversión del proyecto. La depreciación acelerada permite reducir el impacto del costo de los activos en la inversión. Esta deducción no puede superar el 20% anual del valor del activo.
• Exclusiones de bienes y servicios de IVA: La deducción del impuesto se aplica en la compra de bienes y servicios, equipos, maquinaria, elementos y/o servicios nacionales o importados.
• Exención de gravámenes arancelarios: Se elimina el pago de los Derechos Arancelarios de Importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente para las labores de preinversión e inversión del proyecto.

Basados en estas deducciones, con ejemplos que muestra la UPME, con los incentivos de deducción sobre el impuesto de renta uno podría estar ahorrando entre el 6,4% y 8,3% respecto al valor normal de este impuesto, aproximadamente un ahorro de otro 4,6% de deducción en los impuestos por la depreciación acelerada, un 16% de ahorro en los costos de los bienes y servicios adquiridos para la realización del proyecto y un 3% de ahorro en la importación de bienes del exterior.

Cómo podemos ver esto en el país

Aunque la ley fue firmada en mayo de 2014, los primeros dos años de inversión e incentivos del gobierno vivieron un freno debido a la falta de reglamentación de la misma. El efecto de estas trabas se vivió de manera aumentada cuando el intenso verano producido por el fenómeno de El Niño de 2016 generó una crisis eléctrica debido a que las hidroeléctricas no abastecían la energía requerida alrededor del país. Desinteresando a los inversores de participar en estos proyectos.

Ese mismo año terminaron de negociarse y firmarse las regulaciones que dieron un panorama a arrancar con los principales proyectos que muestran los beneficios de estos proyectos de FNCER. Y el orden normativo quedó establecido en:

Las condiciones y beneficios establecidos en la ley 1715 de 2014 (estipulados en los artículos 11, 12, 13 y 14), está desarrollado bajo el Decreto 2143 de 2015 del MinMinas, MinHacienda, MinAmbiente y MinCIT. Este proceso quedó regulado bajo las resoluciones 520 y 638 de 2007 y Resolución 143 de 2016 (de la UPME para registro de proyectos) Resolución 045 de 2016 de UPME y Resolución 1283 de 2016 y Resolución 186 de 2012 del MinAmbiente.

El marco normativo tiene como propósito orientar las políticas públicas para garantizar el cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno Nacional. Incentivar la penetración de las FNCER en el sistema energético colombiano. Y, finalmente, estimular la inversión, la investigación y el desarrollo de estos proyectos para la producción y utilización de este tipo de energía no convencional.

Estas regulaciones nos permitieron ver un ingreso de las primeras energías renovables: plantas eólicas como el parque eólico de Jepírachi en la Guajira, y, en proceso, el parque eólico de Galerazamba en Bolivar. Así mismo, en la región del Valle, en Palmira se instaló la granja solar de GreenYellow y justo unos meses antes se había inaugurado la granja solar de Celsia. Empresas que además ofrecen precios competitivos a las regiones donde se encuentra.

También se vió que compañías como la del Metro de Medellín están siendo beneficiadas bajo los incentivos de esta ley. Esto permite también la llegada de proyectos como las 11 instituciones educativas ubicadas en veredas de difícil acceso en Antioquia que ahora cuentan con paneles solares para el autoabastecimiento energético.

Todo esto nos muestra los beneficios de las energías renovables: complementar el abastecimiento de energía en épocas donde las hidroeléctricas no pueden abastecer las necesidades del país, llegar a sitios de difícil acceso con plantas reducidas para ello y reducir el costo de la tarifa de consumo energético. Además de lo obvio como disminuir el impacto ambiental.

Según cifras de la UPME, a diciembre de 2017, de las 329 aplicaciones se han emitido 244 certificados (principalmente de energía solar fotovoltaica en los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca). De los proyectos aprobados se han beneficiado alrededor de 164 empresas, incluidas aquellas de alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones y empresas de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación. Hay una proyección de capacidad estimada de 925 MW anuales producidos de la energía eólica, seguido por 213 MW anuales producidos por energía solar fotovoltaica.

Sin embargo estas cifras siguen siendo pequeñas, en especial cuando la producción de energía de estas plantas sigue en valores tan mínimos, y Colombia parece estar en riesgo de otro gran estanque de proyectos. A finales de 2016 acabó el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (ProURE), un programa que al igual que la ley 1715 ayudaba a las empresas a fomentar el uso racional y eficiente de la energía además de promover las energías renovables.

La importancia de renovar este programa es que sin incentivos las compañías no se motivan a mejorar su eficiencia energética. Y el principal problema de esta renovación de la ProURE es que la nueva reforma tributaria aumentó el IVA a un 19% y ninguna entidad involucrada en el programa quiere asumir este valor. La discusión debe ser resuelta por MinHacienda, MinMinas, Minambiente la UPME y ANLA.

La demora en esta renovación crea en grandes y pequeñas empresas un deterioro financiero, pérdidas de inversión, desempleo y atraso en el desarrollo de estas prácticas de eficiencia energética que nos ayudarían a cumplir nuestras metas establecidas en el Acuerdo de París.

En una época donde se necesita desarrollar e implementar de manera rápida las FNCER es necesario que estos procesos sean más eficientes.

¿Cómo pasan los proyectos?

Para pasar un proyecto es necesario crear una presentación donde esté estructurada la idea, un estudio básico de la prefactibilidad. Debe estar el estudio completo del proyecto: objetivo, ubicación, gestor y propietario, empresa responsable del proyecto, descripción del predio donde se establecerá el proyecto, empresa comercializadora de energía, descripción del sistema proyectado, cálculo de la potencia de la planta proyectada, costo comparativo de la energía en esa región, incentivo ambiental en emisiones de CO2.

Este apartado después arranca a iniciar el proceso del certificado de la UPME. Lo primero es entrar a la página de la UPME y comenzar el registro del proyecto. En este registro se pedirán los datos de las personas a cargo del proyecto, luego un proceso donde se pedirán muchos de los datos del estudio del proyecto.

Además hay que rellenar un listado donde hay que especificar el elemento, equipo maquinaria y/o servicio de todo lo que se utilizará en el proyecto (es la parte más extensa del proceso virtual). Este punto es especialmente importante porque en cada uno de esos elementos uno debe seleccionar qué tipo de incentivo se está pidiendo si IVA, Arancel, Renta o Depreciación.

Tras llenar este formulario, hay que cargar estos documentos:

• Descripción del proyecto objeto de la nueva inversión y del que hacen parte los elementos, equipos, maquinaria y/o servicios a adquirir: Documento Obligatorio.
• Descripción de la Función de cada uno de los elementos, equipos, maquinaria y/o servicio objeto de la solicitud: Documento Obligatorio.
• Catálogos o manuales técnicos: Documento Obligatorio.
• Planos descriptivos debidamente firmados: Documento Obligatorio.
• Cualquier otro documento que complemente información relacionada a los elementos, equipos, maquinaria y/o servicio objeto de la solicitud: Documento Opcional.

Finalmente hay que previsualizar todo el formulario y enviarlo.

Tras esto, la UPME podrá pedir más documentación en los siguientes 15 días calendario, que el solicitante debe cargar a la plataforma en 15 días calendario. Luego llegará un debate interno de UPME para aprobar o rechazar el proyecto. En el periodo de 45 días calendario (60 días desde que uno dejó los papeles listos) recibirán el si o no, y si reciben el sí obtendrán el certificado de la UPME con vigencia de 18 meses.

Tras recibir el certificado de la UPME, hay que solicitar el certificado de la ANLA. Para solicitarlo se necesitan los siguientes documentos y llenar un formulario virtual con casi la misma información:

• Copia de la cédula de ciudadanía y/o extranjería, si se trata de personas naturales.
• Certificado de existencia y representación legal cuando se trate de personas jurídicas, con fecha de expedición no superior a un mes de la presentación de la solicitud.
• Poder debidamente otorgado cuando se actúe mediante apoderado.
• Descripción y cuantificación detallada de los beneficios ambientales asociados al proyecto objeto de la nueva inversión.
• Catálogos, planos descriptivos debidamente firmados por el desarrollador del proyecto y/o documentos que incluyan las especificaciones técnicas de los elementos, equipos y/o maquinaria objeto de la solicitud.
• Descripción detallada de la nueva inversión en proyectos de FNCER o gestión eficiente de la energía, según el caso.
• Para las nuevas inversiones en los proyectos que se encuentren en las etapas de inversión (en sus fases de montaje e inicio de operación) o de operación, relacionar y aportar copia de las autorizaciones ambientales vigentes expedidas por la autoridad ambiental competente, para el desarrollo del proyecto al que se vincularán los elementos, equipos y/o maquinaria.
• Para las nuevas inversiones en los proyectos que se encuentren en las etapas de inversión (en sus fases de montaje e inicio de operación) o de operación que no requieran de ninguna autorización ambiental, se debe anexar la comunicación expedida por la Autoridad Ambiental competente en la cual certifique este hecho. En los proyectos que se encuentren en las etapas de pre inversión o de inversión (en sus fases de estudios técnicos, financieros, económicos y ambientales definitivos), no se requiere presentar las autorizaciones ambientales.

Los requisitos se verifican en los siguientes 5 días hábiles. En el periodo de 10 días hábiles se pedirá completar la información, si llegase a faltar. Después de completada la información se debe esperar 25 días hábiles a la resolución del comité que estudia el proyecto. Y luego se recibe el certificado de la ANLA.

Este certificado debe remitirse a la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior). Ya que hasta que uno no tenga este certificado de la VUCE, no se puede nacionalizar los bienes importados sin la exención de arancel. Esta certificación se debe hacer mínimo 15 días antes de está nacionalización.

El proceso para obtener todas las certificaciones tomaría alrededor de cinco meses.

¿Entonces?

Los procesos para aplicar a los beneficios tributarios e invertir en FNCER son dudosos para los inversionistas por los problemas de estanque de los programas o las regulaciones; resultando en proyectos que mueren lentamente. Esto sin contar que cualquier atraso en los procedimientos se suma a la demora de cinco meses de certificados. Es necesario que las entidades puedan actuar de forma más eficiente, para que el flujo de proyectos sea amplio y los inversionistas no sienta que estarán mucho tiempo quietos y perdiendo dinero.

Sin embargo, según sus cifras, la mayoría de los proyectos pasados a la UPME y ANLA están siendo beneficiados de los incentivos. El gobierno también debe promover más este tipo de incentivos, entrar en las pequeñas y medianas empresas para que conozcan las oportunidades de inversión.

Como usuarios hay la posibilidad de participar en el crecimiento de estas empresas. Averiguen sobre los proyectos cerca a sus zónas, miren si pueden invertir en ellos. Impulsen en sus comunidades que se pida más soluciones de energías renovables para que la implementación de granjas solares y bosques eólicos crezca y puedan suplir la demanda. Inviertan en sus hogares, tengan un sistema híbrido de energía, el ahorro anual de estos sistemas híbridos es usualmente del 30% de la factura mensual de energía, así que no muy a largo plazo la inversión puede reflejarse en el ahorro mensual.

Es hora de ayudar el país, no solo por un ahorro monetario (que ya es muy buen incentivo) sino por lo que representa para el medio ambiente.

Imágenes: UPME, Kate Ausburn (via Flickr), Universidad de Antioquia, EPM,