Hace unas semanas, Mark Rutte, el primer ministro de Países Bajos, pidió a la Unión Europea que fuera más ambiciosa en sus objetivos para recortar las emisiones de carbono. No fue una idea bien recibida. Alemania, por ejemplo, la tachó de "poco realista". Pero, sobre todo, era poco creíble.
Seis meses antes, la Agencia de Evaluación Ambiental holandesa le había enmendado la plana a una clase política que presumía de estar comprometida con el clima. En un informe muy duro avisó que el país no cumpliría los objetivos del Acuerdo de París si todo seguía como hasta ahora. No parecía razonable pedir fuera lo que no eran capaces de hacer en casa.
Ahora, Holanda se ha puesto las pilas y acaba de presentar lo que algunos llaman la "ley climática más dura del mundo". Una ley que, sorprendentemente, no especifica ninguna política concreta y lo fía todo al debate público. ¿Estamos ante una genialidad o se trata de un brindis al sol?
De la necesidad, virtud
La primera calve a tener en cuenta es que se trata de lo que en España llamaríamos un “pacto de Estado”: los siete partidos que están detrás de la nueva ley representan 113 de los 150 escaños del parlamento neerlandés y casi todo el espectro político. En principio, la única ausencia notable es el Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders.
Eso podría haber moderado los objetivos de la ley, pero no ha sido el caso: pretenden reducir el 49% de las emisiones de carbono para 2030, el 95% (o más) para 2050 y conseguir tener impacto cero también para el año 2050. Alcanzar estos objetivos implica dos cosas: grandes inversiones y restricciones muy importantes. En esa línea, el Gobierno ha anunciado el cierre de las tres plantas de carbón que quedan en el país.
Pero no hay nada más. El acuerdo es una serie de objetivos y cronogramas que, como decía, no concreta los mecanismos para llevarlo a cabo. Quieren conseguir esos objetivos haciendo solo una cosa: poniendo el debate climático en el centro de la agenda nacional. Ahí está el corazón de la alcachofa.
En el centro del debate
El acuerdo contempla organizar una importante revisión anual que actúe como una especie de “Debate sobre el estado del clima”. Su apuesta, inspirada las ideas que están detrás de los Acuerdos de París, viene a decir que "nosotros ponemos los objetivos ahora; y la opinión pública, la competencia y la reputación deben ocuparse de presionar para llevarlos a cabo". La idea es, por lo menos, bastante original.
Los siete partidos holandeses esperan poder mantener el tema en el centro del debate y así forzar a los sucesivos gobiernos a implementar políticas efectivas. Es mucho decir, tras descartar políticas más concretas (como los presupuestos de carbono o los límites jurídicamente vinculantes) no está claro que el mecanismo diseñado (y la lógica de incentivos que plantea) vaya a ser lo suficientemente fuerte.
Sea como sea, esta propuesta quizás sea la antesala de un nuevo tipo de leyes nacionales en toda la Unión Europea. Se suele decir que las democracias modernas son regímenes de opinión pública y este tipo de iniciativas legislativas, sin ser radicalmente innovadoras, se lo toman realmente en serio. Veremos los resultados.
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