La Superintendencia de Transporte prepara un proyecto de ley que apunta a impedir la prestación en Colombia de servicios de movilidad mediante plataformas digitales y endurecería como nunca antes las sanciones a quienes los usen.
El borrador del documento que la entidad presentará al Congreso de la República busca cerrar plataformas como Uber, Didi o InDrive y que sectores identifican como una respuesta de la administración Petro al descontento del gremio de los taxistas.
En el documento, de más de 60 páginas, se determina que podrán ser sujetos de sanciones: “Los propietarios, operadores, administradores y agentes de medios de comercio electrónico o plataformas tecnológicas que ofrezcan servicios en el sector transporte”, así como “los contratantes del servicio de transporte”.
El texto se cuida de incluir en su definición no solo a las partes que prestan efectivamente el servicio, sino también “a las que propician la interacción entre la oferta y la demanda de servicios dirigidos directa o indirectamente a solucionar necesidades de movilización”.
Se contemplan, en esos casos, sanciones que van desde el bloqueo de los medios de comercio electrónico o de las plataformas tecnológicas hasta por la inmovilización de los vehículos por 30, 60 y hasta 90 días. En lo que constituye un hecho inédito en el largo pulso entre Uber y sus similares con las autoridades del país, el proyecto de ley plantea multas de 500 UVT para los operadores y 250 UVT para los usuarios. En otras palabras, usar Uber acarrearía multas de 10 millones de pesos en Colombia.
¿Plataforma nacional de taxis?
Lo notable es que, desde mucho antes de que comenzara el gobierno Petro, miles de taxis ya trabajan, de hecho, en plataformas de movilidad como Uber o InDrive. Pero para el Presidente, por el hecho de existir una mediación administrativa y tecnológica, se trata de personas “sobreexplotadas”.
Por eso planteó, en Twitter, la noción de una ‘plataforma nacional de taxis’ que, dijo, “puede ser desarrollada”. Agregó: “El taxista puede, con ayuda pública, ser dueño del carro y el carro puede ser eléctrico”.
Para grupos como AlianzaIn, agremiación de economía digital y colaborativa, la aprobación del borrador del proyecto de ley de régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte sería una violación flagrante al principio de neutralidad de red, que le prohíbe a los gobiernos restringir los contenidos de Internet, y afectaría de manera directa los ingresos de por lo menos 100.000 familias.
El director ejecutivo de la asociación, José Daniel López, reiteró la voluntad que tiene el gremio de participar en la construcción de reglas de juego claras que protejan el trabajo de miles de colombianos y dinamicen la economía digital.
“Coincidimos en la importancia de un régimen administrativo sancionatorio sobre los servicios de movilidad que se prestan a través de las plataformas digitales, pero esto solo es concebible en el marco de una reglamentación amplia y suficiente de esta nueva realidad social y económica”, señaló.
López indicó, vía Twitter, que el martes 31 de enero se reuniría con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y conductores de estas plataformas, para expresar su convicción de que el país necesita regular esta clase de servicios digitales, prestados en ciudades de todo el mundo, y no solo prohibirlos.
Otros sectores, en cambio, comenzaron a ventilar en redes la idea de un paro nacional de conductores de plataformas.
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